En Baja California no existe un programa de manejo de residuos electrónicos como celulares, computadoras, televisiones o artículos de sonido en desuso; a estos se les puede sumar chatarra como refrigeradores, lavadoras, licuadoras entre otros. En el caso de electrónicos, hay una ambigüedad para determinar qué autoridad debe hacerse cargo de su manejo porque, aunque de manera interna, México no reconoce su peligrosidad, sí contienen componentes que, de acuerdo a la NOM52, los cataloga como residuos peligrosos.
Los residuos en la legislación mexicana están clasificados en Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de competencia municipal, Residuos de Manejo Especial (RME) a cargo del estado y Residuos Peligrosos (RP) de jurisdicción federal. Los residuos electrónicos se consideran de Manejo Especial, mientras en convenios internacionales que México firma y avala como ley se catalogan como peligrosos. Esta confusión lleva a una irresponsabilidad institucional para atender su manejo mientras terminan mezclados con la basura urbana o en espacios públicos sin regulación.
José Carmelo Zavala Álvarez, director del Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA) destacó la generación de basura electrónica en recientes años de la que, se desconoce su paradero, tal es el caso de las más de 10 millones de televisiones que dejaron de utilizarse con el “Apagón Analógico” al recibir de autoridades federales una pantalla plana. Estas televisiones viejas que jamás fueron recuperadas tienen las características de los residuos peligrosos, metales pesados y compuestos tóxicos al hacer combustión.
En Baja California, la cantidad de basura electrónica es superior al resto del país, gracias a la facilidad con la que se adquieren artículos de segunda mano, lo cual genera que los objetos que se adquieren ya cuenten con un lapso de vida útil más corto. Derivado de esa tendencia de consumo, se tiene la generación de un promedio entre siete y diez kilogramos de basura de este tipo por persona cada año.
Con este dato, Zavala Álvarez reiteró que, no se hace una crítica al comercio de segunda mano, ya que son una herramienta básica de la economía circular en la que se amplía el tiempo de vida de un objeto, sin embargo, sí subrayó la importancia de que se cuente con un plan estratégico para el manejo post consumo, el cual debería contemplarse desde la manufactura de los artículos.
En la sociedad mexicana es común que, si un objeto se descompone, permanezca guardado con la creencia de que aún tiene valor y en algún momento será reparado, situación que comúnmente nunca sucede y eventualmente generará que los objetos terminen en la calle o en manos de supuestos recicladores que no hacen uso adecuado de los componentes tóxicos que los integran.
Así como los artículos electrónicos, también es necesaria la implementación de programas que recolecten de forma regulada y permanente focos y baterías de todo tipo y a su vez, se instruya a la comunidad sobre la manera correcta de desecharlos, así como el daño que generan tanto al ambiente como a sí mismos en el momento en el que optan por no tener cuidado en su manejo.
Finalmente, el egresado del Colegio de México recalcó que para lograr un cambio en el manejo de residuos eléctricos y electrónicos no es suficiente solo con legislar, por lo que exigió que más allá de hacer leyes en las que se contribuya al combate del deterioro al medio ambiente, se destinen fondos para echar a andar los programas que surjan porque sin presupuesto, no se les da el seguimiento necesario y, por ende, no trascienden. Como ejemplo citó la Ley de Procuraduría y Protección Ambiental del Estado, de 2013 la cual nunca fue implementada.
